La eutanasia en España: cuatro años de aplicación de la Ley Orgánica 3/2021

El martes, 11 de noviembre, nuestros seniors explicaron dos temas de candente actualidad para la gente jubilada. En una de ellas, sobre la Eutanasia, nuestro Presidente, Juan Ignacio Urresola, acompañado de Jesús M. Bermejo, estuvieron en el Centro Cívico Arriaga atendiendo a 24 asistentes del Bizan Lakua-Arriaga.

Se presentó esta sesión informativa para aclarar conceptos y ofrecer una visión objetiva, legal y sanitaria sobre la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, en vigor desde junio de 2021.

La eutanasia, entendida como el acto deliberado de poner fin a la vida de una persona a petición expresa, está reconocida en España como un derecho sanitario incluido en la cartera del Sistema Nacional de Salud. No debe confundirse con la sedación paliativa o el rechazo de tratamientos médicos, que son prácticas diferentes.

Según los últimos datos de la Comisión de Garantía y Evaluación de Euskadi, en los primeros cuatro años se han autorizado alrededor del 75% de las solicitudes, siendo los motivos principales las enfermedades neurológicas (37%) y oncológicas (36%). El proceso, que dura de media 49 días, se desarrolla en hospitales (53%), domicilios (33%) o centros sociosanitarios (14%).

La ley contempla dos formas de prestación de ayuda para morir: la administración directa por parte de un profesional sanitario o la autoadministración por el propio paciente con supervisión médica.

Para acceder, el solicitante debe ser mayor de edad, capaz, consciente y residente en España, además de padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante que provoque sufrimiento intolerable. Todo el proceso está sometido a rigurosos controles y revisiones por la Comisión de Garantía y Evaluación, integrada por profesionales sanitarios y juristas.

La muerte por eutanasia se considera “muerte natural” a efectos legales y de seguros, y puede realizarse tanto en centros públicos como privados o en el propio domicilio.

En su exposición, el ponente subrayó que el objetivo no es abrir debate moral, sino informar y clarificar el marco legal, sanitario y procedimental vigente en España.

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